Ante el fallecimiento de al menos 12 menores en operaciones militares contra disidencias de las FARC‑EMC, la máxima representante diplomática de Colombia advierte que no quedarán los hechos sin sanción institucional.
La muerte de varios menores de edad durante bombardeos del Ejército Nacional de Colombia en zonas de conflicto ha generado preocupación internacional y un fuerte llamado de atención desde la diplomacia colombiana. La titular de la cartera de Relaciones Exteriores calificó los hechos como “desafortunados” y afirmó que “tendrá que haber depuraciones” de responsabilidades.
Operativos militares y víctimas adolescentes:
Desde comienzos de octubre pasado, al menos una docena de menores de edad perdieron la vida en bombarderos dirigidos contra las disidencias de las FARC-EMC bajo el mando de Iván Mordisco. En esos operativos el Ejército colombiano atacó campamentos en zonas selváticas, alegando que eran objetivos legítimos por tratarse de estructuras armadas ilegales. La defensora del pueblo confirmó que varios de los menores fallecidos habían sido reclutados por la guerrilla, lo que complica el análisis de responsabilidad en las operaciones.
Reacción diplomática y llamado a la rendición de cuentas:
Durante su intervención en la Tribuna EFE / Casa de América en Madrid, la canciller colombiana enfatizó que el Estado no desatiende estos casos y que se abrirán investigaciones para garantizar que los responsables rindan cuentas de lo ocurrido. La exigencia se produce en medio de ampliados llamados de organismos de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo para que se suspendan los bombardeos hasta que existan garantías de protección a la niñez.
Visión institucional de futuro:
La postura de la diplomacia colombiana busca preservar la legitimidad del Estado ante la comunidad internacional, reforzar el principio de responsabilidad de los poderes públicos y avanzar hacia un control más riguroso de las operaciones militares en zonas de conflicto. Al mismo tiempo, el Ejecutivo colombiano enfrenta el reto de conjugar la ofensiva contra grupos armados ilegales con los estándares de derecho internacional humanitario, protegiendo a los sectores más vulnerables sin entorpecer las acciones de seguridad.
Fuente: El País