Un fallo judicial del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional concluye que Medina entregó dinero de origen ilícito al PLD, aunque la actual legislación (Ley 33‑18 de Partidos Políticos) no permite sancionar penalmente a quien aporta, sino solo a quien recibe.
Según el fallo, las aportaciones —hechas por Medina y otro implicado, Wacal Vernabel Méndez— no fueron registradas ante la autoridad electoral, lo que representa una grave vulneración de los principios de transparencia, equidad electoral y legalidad; no obstante, la ley sanciona únicamente a quien acepta los fondos en nombre del partido, y no a quien los entrega desde el exterior.
El tribunal reconoció la existencia de una red de empresas —entre ellas sociedades como Globus Electrical S.R.L., United Suppliers Corporations, Wattmax Dominicana S.R.L., entre otras— utilizadas para canalizar contratos públicos, ocultar la propiedad real de bienes y transferir capitales, lo que facilitó la ocultación del origen ilícito de los recursos.
El fallo también documenta operaciones financieras complejas: un préstamo de RD$100 millones concedido por una empresa aliada a Ichor Oil S.R.L., con posterior conversión de fondos a divisas y su traslado al extranjero, además de inversiones en propiedades y negocios aparentemente legítimos (como Wonder Island Park S.R.L.), evidenciando el lavado de activos y el uso de terceros para disimular la titularidad real.
A pesar de la contundencia de las pruebas y de la admisión del financiamiento con fondos ilícitos al PLD, el tribunal concluye que no puede imponer sanciones penales por ese financiamiento dadas las restricciones de la Ley 33-18, lo que deja sin condena esa parte del caso.
Implicaciones institucionales y demanda de reformas:
Este fallo pone en evidencia una laguna normativa grave: la ley electoral sanciona al receptor de fondos, pero no al aportante, lo que permite que figuras vinculadas a corrupción y lavado de activos financien campañas con recursos ilícitos sin consecuencias penales.
El hecho genera cuestionamientos sobre la eficacia del marco legal dominicano para garantizar transparencia, integridad electoral y rendición de cuentas. Muchos observadores advierten que, sin reformas legales, los partidos políticos seguirán vulnerables a la infiltración de recursos corruptos, lo que afecta la credibilidad de procesos electorales y debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
Fuente: Diario Libre