Irán condena a EE. UU. a pagar US$22.000 millones por las protestas de 2022
Un tribunal iraní responsabiliza a Estados Unidos por el apoyo a las manifestaciones tras la muerte de Mahsa Amini
Tribunal iraní exige indemnización multimillonaria a EE. UU.
Un tribunal en Irán ha condenado al Gobierno de Estados Unidos a pagar 22.000 millones de dólares por supuestamente brindar "apoyo material y moral" a las protestas que estallaron en septiembre de 2022. Estas manifestaciones fueron provocadas por la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda detenida por la Policía de la Moral por no llevar correctamente el velo.
Acusaciones de injerencia y daños causados
El portavoz judicial iraní, Asghar Yahangir, declaró que Washington fue declarado culpable de intervenir en los disturbios, lo que constituye una violación de la soberanía iraní y del Derecho Internacional. Según Yahangir, las acciones estadounidenses causaron daños físicos, traumas psicológicos y perjuicios financieros y morales a las víctimas y sus familias.
Contexto de las protestas y respuesta del régimen iraní
Las protestas surgieron tras la muerte de Amini bajo custodia policial, evento que desencadenó una ola de manifestaciones antigubernamentales en todo el país. El régimen iraní ha defendido la actuación de sus fuerzas de seguridad, aunque reconoció ciertos excesos durante la represión de las protestas, que dejaron cerca de 500 muertos según organizaciones no gubernamentales.
Implicaciones legales y políticas
Aunque la sentencia es simbólica debido a la imposibilidad de exigir legalmente a un Estado soberano como Estados Unidos el pago de esta indemnización, representa un gesto político de Teherán para responsabilizar a un actor externo por la crisis social y política interna.
Resumen
Un tribunal iraní ha impuesto una multa de 22.000 millones de dólares a Estados Unidos por su supuesto apoyo a las protestas de 2022, ocasionadas por la muerte de Mahsa Amini. La condena señala una violación de la soberanía iraní y busca responsabilizar a Washington de los daños causados durante las manifestaciones. Aunque la aplicación práctica de la sentencia es inviable, fortalece la narrativa política de Irán frente a la comunidad internacional.